Padres de la guardería ABC denuncian presunto tráfico de influencias entre los jueces que llevan su caso y los dueños de la guardería, quienes pagaron sólo 2 mil pesos de fianzaCIUDAD DE MÉXICO, México, oct. 5, 2009.-
Los padres de los niños fallecidos en la guardería ABC de Hermosillo denunciaron hoy ante el Consejo de la Judicatura Federal supuestas irregularidades de los jueces que llevan el caso, en el día en que se cumplen cinco meses del incendio que causó la muerte a 49 menores.
"Uno de los jueces que lleva el caso determinó una fianza irrisoria de 2 mil pesos (146 dólares) a los dueños de la guardería y gracias a ello hoy se pasean tranquilamente por las calles de Hermosillo", denunció Julio César Márquez, padre de uno de los niños fallecidos.
Al parecer, según denuncian los progenitores, existe un tráfico de influencias entre los acusados y los magistrados ya que "uno de los abogados defensores fue Juez Primero de Distrito en Hermosillo y conoce bastante bien a los jueces que están llevando el caso", indicó Márquez.
Esta supuesta relación, añadió, está permitiendo que los cuatro propietarios de la guardería detenidos -Marcia Matilde Altagracia, Gómez del Campo, Sandra Lucía Téllez, Antonio Salido Suárez y Gildardo Francisco Urquídez- se hayan dedicado a renovar los amparos para poder enfrentar su juicio en libertad.
El pasado seis de agosto, los cuatro propietarios fueron procesados por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, homicidio y lesiones culposas, acusación con la que no están de acuerdo los padres ya que la consideran "demasiado leve dada la gravedad del caso".
Los padres reclaman una reclasificación de la pena para que pase de homicidio culposo (involuntario) a homicidio doloso (intencionado).
"Queremos que estas personas paguen su responsabilidad en proporción al daño que causaron", dijo el padre del niño Julio César, quien tan sólo tenía dos años y ocho meses cuando falleció.
"Nuestro objetivo es que se haga justicia, que es lo único que nos traería un poco de consuelo, y que se produzcan los cambios para que no vuelva a suceder lo mismo nunca más", apunta Márquez, quién añadió que es "lo único que daría algo de sentido a la muerte de los niños".
Para pedir justicia y "para dar las gracias a la gente por todo el apoyo y cariño que nos han dado", marcharán esta tarde por las calles del Distrito Federal, informó Márquez.
Según los peritajes realizados por la Procuraduría General de la República (PGR), la guardería ABC, instalada junto a una nave de la Secretaría de Hacienda de Sonora, no contaba con las medidas de seguridad apropiadas, alarmas, extintores, hidrantes y detectores de humo.
Los principales involucrados, además de los propietarios, son el Instituto Mexicano del Seguros Social (IMSS), responsable de otorgar la concesión de la guardería a varios particulares, el Gobierno del Estado de Sonora y el Ayuntamiento de la Ciudad de Hermosillo.
"Uno de los jueces que lleva el caso determinó una fianza irrisoria de 2 mil pesos (146 dólares) a los dueños de la guardería y gracias a ello hoy se pasean tranquilamente por las calles de Hermosillo", denunció Julio César Márquez, padre de uno de los niños fallecidos.
Al parecer, según denuncian los progenitores, existe un tráfico de influencias entre los acusados y los magistrados ya que "uno de los abogados defensores fue Juez Primero de Distrito en Hermosillo y conoce bastante bien a los jueces que están llevando el caso", indicó Márquez.
Esta supuesta relación, añadió, está permitiendo que los cuatro propietarios de la guardería detenidos -Marcia Matilde Altagracia, Gómez del Campo, Sandra Lucía Téllez, Antonio Salido Suárez y Gildardo Francisco Urquídez- se hayan dedicado a renovar los amparos para poder enfrentar su juicio en libertad.
El pasado seis de agosto, los cuatro propietarios fueron procesados por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, homicidio y lesiones culposas, acusación con la que no están de acuerdo los padres ya que la consideran "demasiado leve dada la gravedad del caso".
Los padres reclaman una reclasificación de la pena para que pase de homicidio culposo (involuntario) a homicidio doloso (intencionado).
"Queremos que estas personas paguen su responsabilidad en proporción al daño que causaron", dijo el padre del niño Julio César, quien tan sólo tenía dos años y ocho meses cuando falleció.
"Nuestro objetivo es que se haga justicia, que es lo único que nos traería un poco de consuelo, y que se produzcan los cambios para que no vuelva a suceder lo mismo nunca más", apunta Márquez, quién añadió que es "lo único que daría algo de sentido a la muerte de los niños".
Para pedir justicia y "para dar las gracias a la gente por todo el apoyo y cariño que nos han dado", marcharán esta tarde por las calles del Distrito Federal, informó Márquez.
Según los peritajes realizados por la Procuraduría General de la República (PGR), la guardería ABC, instalada junto a una nave de la Secretaría de Hacienda de Sonora, no contaba con las medidas de seguridad apropiadas, alarmas, extintores, hidrantes y detectores de humo.
Los principales involucrados, además de los propietarios, son el Instituto Mexicano del Seguros Social (IMSS), responsable de otorgar la concesión de la guardería a varios particulares, el Gobierno del Estado de Sonora y el Ayuntamiento de la Ciudad de Hermosillo.
